Un fondo de inversión pide ejecutar
el desahucio de una mujer de 87 años, sola y con una minusvalía, de la casa en
que vivía desde hace setenta años. La única razón para el desahucio es que los
propietarios quieren obtener mayores beneficios de esa vivienda. El caso es en
verdad lamentable y debería hacernos pensar. Pensar en la falta de viviendas
sociales que padecemos; pensar que son demasiados los desahucios que se
producen causados por la ambición de quienes solo buscan enriquecerse; y pensar
en la culpa que tienen unas Administraciones, la central y las autonómicas, que,
por la inacción de unos y la connivencia de otros, no ponen coto a los desmanes
que se producen al amparo de una ley manifiestamente insuficiente. Porque, le
digo a Zalabardo, mirando este asunto fríamente, hay que reconocer que el
desahucio ha sido legal, aunque lo califiquemos de injusto, inhumano y, ¡ay!,
evitable. ¿No habría que cambiar esa ley?
Estos
desahucios hay que relacionarlos con una de esas palabras que un día se ponen de
moda y nos las encontramos hasta en la sopa. Le digo a mi amigo que, en este
caso, la palabra es gentrificación, anglicismo totalmente válido,
porque carecemos de una palabra española que signifique lo mismo. Su etimología
nos remite a gentry, que podríamos definir como ‘mediana
aristocracia’ o, en términos más actuales, ‘gente bien’ (en lo económico). Los
ingleses la tomaron del francés gentil, ‘de origen noble’ y, si
continuamos, llegamos al latín gentilis, ‘de la misma familia’.
Parece ser, por lo que leo, que fue una socióloga inglesa, Ruth Glass, la primera persona que, hacia 1960, utilizó el término gentrification con el sentido de ‘proceso de cambio de clase social y de vivienda que, posteriormente, ha transformado la estructura física y social de una ciudad’. De entonces a hoy, ese sentido ha ido cambiado. En 2021, la RAE dio entrada al término en el DLE con la siguiente definición: ‘proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de sus moradores’.
Le
digo a Zalabardo, para que nos entendamos mejor, que la gentrificación
ha pasado a ser un proceso por el que, generalmente una empresa, adquiere unos
pisos o un edificio completo de antigua construcción que ha ido siendo engullido
por la expansión urbana, lo que convierte esa zona en muy apetecible para
inversores. Maricarmen Abascal pagaba por su piso 500 euros, ya que era de
renta antigua, alquilado en 1965, y la nueva propiedad le exigía pagar más de
2000. Pese a que un donante anónimo se ha prestado a pagar dicho alquiler y
pese a que una agencia del Estado ha pretendido comprarlo para evitar el daño,
sus propietarios, el fondo de inversión Urbagestión, han preferido
la ejecución del desahucio. Lo que desean es la marcha de la inquilina, cosa
que, desgraciadamente, ya ha sucedido. ¿Qué los mueve a actuar así? Pues que lo
que compraron por poco más de 200.000 euros hoy está valorado en unos 800.000.
Estos
fondos de inversión, y no pocos propietarios particulares, se amparan en los
resquicios que les ofrece la ley para hacerse con viviendas y edificios
enteros, incluso con barrios, y conseguir pingües beneficios. Los caseros se
niegan a realizar las reparaciones que necesite la vivienda o, simplemente,
aumentan abusivamente el alquiler. Hacen todo lo posible para que el inquilino
se marche. En Cádiz, le digo a Zalabardo, se acuñó el término asustaviejas,
personas pagadas por propietarios para conseguir desplazar de sus viviendas a
los inquilinos, por lo general personas mayores y faltas de medios y
asesoramiento. Hoy, por desgracia, basta acogerse a leyes desfasadas que
permiten estas actuaciones condenables. Lo más grave de todo es que en nuestro
Congreso de Diputados hay partidos que se oponen a la reforma de esas leyes o a
modificarlas en todo lo necesario.
Málaga, le digo a Zalabardo, es una ciudad sometida a esta brutal gentrificación sin que nadie haga nada por evitarlo. El último caso, el de unos bloques situados entre las calles Malpica, Montalbán, Arco… ¿Qué queda ya del Perchel? Prácticamente nada. Sus habitantes han de marcharse sin tener claro dónde encontrarán una nueva vivienda.
Otro
caso muy claro es el del barrio de Lagunillas, a espaldas de la Plaza de la
Merced y la calle Victoria. Es una pena su estado. Sus últimos habitantes convirtieron
las fachadas de viviendas cerradas en un museo del grafiti, con el que
mostraban su amor al barrio, su queja y su reivindicación. Todas las fotos que
hoy acompañan este apunte las he tomado en ese barrio. Cualquier día, todo
aquello desparecerá y la zona se llenará de apartamentos turísticos, hoteles y
viviendas para ‘la gente bien’ que puede pagar lo que se pida por ellos.
El Ayuntamiento guarda silencio. Hay barrios que desaparecen y es casi imposible pasear por las calles del centro; muchos malagueños se ven obligados a buscar vivienda fuera de la ciudad y del prometido Parque Urbano, en la zona de Juan XXIII, nada se sabe. El alcalde, mientras tanto, presume de esas horrorosas estatuas que vigilan la entrada al puerto, «porque son admiración de los turistas». Deberían haber sido retiradas ya, pero siguen ahí por su capricho. Quizá ―él no tiene problema de vivienda y habita en zona tranquila― no entienda de gentrificación y turisficación. Aunque de esta palabra, le digo a mi amigo, hablaremos otro día.



























