He estado por llamar a este apunte Derechos y obligaciones; y también, En favor de la escuela pública. Pero recordé que hay un refrán, bastante antiguo y sin origen documentado conocido, que dice: Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, forma correcta según el Centro Virtual Cervantes, pese a que la más extendida suele emplear contra en lugar de ante.
En
Instituto Cervantes se limita a decir simplemente que es una fórmula
para rechazar una petición. En otros lugares, en cambio, se amplía la
explicación y se afirma que su significado va referido a cuando una petición se
considera desproporcionada e incluso fuera de lugar. En cualquier caso ―le digo
a Zalabardo― da igual, pues lo que importa saber es que el refrán, justificado
o no, alude a la actitud de negar una petición que se hace.
Obedece
esta introducción a que hablamos Zalabardo y yo de los movimientos
reivindicativos que los funcionarios docentes de varias comunidades están
llevando a cabo estos días. ¿Qué es lo que piden estos docentes? Piden más
atención a sus condiciones laborales, una reducción del número de alumnos por aula,
una más adecuada dotación de medios. En suma, todo aquello que haga posible una
educación de mayor calidad, para lo que se requiere más atención a la escuela
pública y que no se deriven las partidas económicas necesarias hacia la escuela
privada. Sin embargo, a buena parte de la ciudadanía, lo primero que le suena
es que estos profesores reclaman un aumento de sus retribuciones.
El problema no es cosa de hoy ni hay que culpar a este o aquel partido, ya que, en España, casi desde el principio de los tiempos, todos vienen desatendiendo la escuela pública. Qué refleja, si no, este otro viejo refrán que habla de pasar más hambre que un maestro de escuela. La razón hay que buscarla en que, durante el siglo XIX y principios del XX, la financiación de la enseñanza estaba en manos de los municipios y era muy frecuente que estos pagasen poco, mal y tarde, con lo que se condenaba al maestro a una vida precaria, cercana en muchos casos a la mendicidad. Tendría que llegar el año 1901 para que se dictase un Real Decreto que obligaba al Estado a hacerse cargo del sueldo de los maestros, por lo que se fijaba una partida en los presupuestos del Estado destinada a tal fin.
En la Constitución de 1978 queda reconocido el derecho que todos tienen a una educación digna y la obligación del Estado a proporcionarla. También se reconoce el derecho que asiste a particulares a crear centros privados y el derecho de los padres a la libre elección de centro. A esto obedece lo de Derechos y obligaciones. Sin embargo, el problema surge cuando el Estado se encuentra con que no dispone de medios suficientes ni de centros para atender a toda la población que hay que escolarizar. Por esa razón, un Gobierno socialista, presidido por Felipe González, firma en 1985 un sistema de conciertos educativos por los que el Estado se comprometía a cofinanciar centros privados que aceptasen impartir los niveles de la enseñanza gratuita. Con el tiempo, el sistema se anquilosaría y fondos que deberían dedicarse a la creación y sostenimiento de los centros públicos siguen yendo a parar a centros privados. Eso explica la tercera opción de título: En favor de la escuela pública.
Trato
de explicarle a Zalabardo que una situación que tuvo sentido en un tiempo y
bajo unas condiciones precisas debería estar ya superada. Han pasado 40 años y
el Estado sigue derivando hacia centros de enseñanza privados ―que al fin y al
cabo son un negocio de sus promotores― fondos que deberían destinarse a la
mejora de los centros públicos. Nada ni nadie se opone a que haya centros
privados; nada ni nadie se opone a que las familias tengan libertad de elección
de centro. Son derechos reconocidos y defendidos por la Constitución. Pero
la obligación del Estado va referida al sostenimiento de los centros públicos.
Quien renuncie a la educación que el Estado le proporciona de manera gratuita
debiera pagar de su bolsillo la que elija en su lugar. Exactamente igual que
pasa con la sanidad. Quien rechaza la que el Estado concede se paga un seguro
médico privado.
Por todo lo anterior ―le digo a mi amigo― no es justo decir que los docentes que piden mejoras en la enseñanza pública piden por vicio, aunque se les responda con negativas. Sus demandas no son otra cosa que la exigencia de que se cumpla cuanto viene reflejado en la Constitución. Entre ello, una remuneración acorde al trabajo que realizan. ¿Por qué un docente no va a reclamar su derecho a un mejor sueldo? En este asunto de la retribución de los profesores, sería conveniente que la sociedad sepa que los docentes españoles no se encuentran entre los mejor pagados de los países europeos. Si miramos solo los sueldos de un profesor de primaria ―tomo los datos de un informe de UGT de 2025―, veremos que, para alcanzar el nivel máximo, unos 48.000 € anuales, en España se requieren treinta y nueve años de servicio, mientras que en otros países se logra ese nivel con solo veinte años de servicio. Frente a esto, el sueldo máximo de un profesor de primaria en Austria está en torno a los 73.000 €; Alemania, 90.000 €; y en Luxemburgo, 120.000 €. A esto habría que añadir el agravio comparativo que supone que, en España, el sueldo de los docentes puede presentar una diferencia de hasta 600 € mensuales según las distintas Comunidades.
El resumen de todo lo expuesto es que estos profesores que muestran su descontento no piden por vicio y el no dar de las autoridades educativas de ninguna manera puede llamarse virtud, sino pura racanería y, en no pocos casos, descarado clientelismo que favorece a empresas privadas frente a las necesidades públicas.







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