Para atenuar la dureza que parece
anunciar el título, le digo a Zalabardo que se podría emplear un aforismo latino
que afirma: Malus es vocandus qui sua es causa bonus, ‘Ha de ser
llamado malo quien es bueno solo para su propio bien’. Estamos mi amigo y yo
hablando de la situación por la que pasa nuestro país, que no invita ni a
análisis serenos ni a conversaciones placenteras. La polarización alcanza
niveles increíbles y cualquier persona con dos dedos de frente dudaría si
vivimos en un país auténticamente democrático. Ahí tenemos, me dice, el último
―por el momento― lamentable ejemplo. Debería sacudir nuestras conciencias, pero
deja a las claras la deshumanización y hasta la falta del respeto con que
miramos incluso a una persona difunta.
Se
refiere mi amigo ―cualquier lector lo entenderá― a la muerte de Maricarmen
Abascal, mujer de 87 años, víctima de un incomprensible e injusto desahucio.
Si la pobre mujer no hubiese sufrido ya bastante en vida, ahora muerta se ve
convertida en arma arrojadiza que se lanzan unos a otros, incapaces de entender
que ni los unos ni los otros son inocentes en tan desgraciado caso. Ninguna
administración, ni central ni autonómica ni local supo ver que, aunque arrojar a
esta mujer a la calle podía ser un acto amparado por la ley, hay leyes que no
debieran existir o, en caso de existir, debieran recoger algún artículo que determine
su no cumplimiento si su aplicación deriva hacia situaciones como la que han
llevado a esta mujer a su muerte.
Sin embargo, en lugar de lamentar los errores en las políticas de viviendas vigentes ―tanto cuando ha gobernado el PSOE como en los años en que lo hacía el PP― los dos y el resto se han servido de ella ―de Maricarmen― para sacar un provecho atacando al adversario. Isabel Ayuso ―tan barriobajera como siempre― tiene la desfachatez de, en lugar de sentir lo sucedido, proclamar que la propia Maricarmen culpó de su situación a Sánchez, usando el argumento ―Ayuso, no la pobre víctima― de que fue desahuciada por una ley socialista y de que es el Gobierno quien ejecuta los desahucios. Por su parte, Pedro Sánchez, tan dubitativo en ocasiones, declara que esta muerte es una tragedia social que no podemos aceptar; pero se echa a un lado recordando que las competencias sobre vivienda las tienen concedidas las Comunidades autónomas y correspondía a Madrid solucionar esa papeleta.
Y le digo yo a Zalabardo que, sea de quien sea la culpa, ¿por qué no dejan en paz a Maricarmen cuya salud deteriorada la ha llevado a la muerte después del ignominioso tratamiento a que se ha visto sometida? Antes de que los medios se regodearan en el asunto de su desahucio ―todo sea por la audiencia―, ¿dónde estaban las políticas sociales del PSOE y, en especial, las de la de vivienda? Y mientras aún luchaba Maricarmen por que no le arrebataran la que había venido siendo tantos años su casa, ¿qué hacían el PP y Ayuso por evitar su tragedia, prestando más atención al nimio asunto de gastar más de seis millones en la compra de un ático? ¿Cuándo los medios han fustigado a los gobiernos de uno y otro signo por el déficit de viviendas, por el precio abusivo de los alquileres, por el descontrol de los apartamentos turísticos?
Le
digo a Zalabardo que hay problemas de tal calado ―ya hablábamos de esto no hace
mucho― que resulta incomprensible e inaceptable que, en lugar de buscarles
solución con la mayor rapidez posible, nuestros políticos pierdan un tiempo valiosísimo
en tratar de dejar claro que el culpable es siempre el otro. Ahí está el lamentable
ejemplo de la dana de Valencia. ¿Por qué importan menos los fallecidos que
escurrir el bulto de la responsabilidad? Y ahí está el ejemplo de Ceuta. ¿Por
qué poner más interés en señalar culpables de lo que nunca debió haber ocurrido
que en solucionar el problema de la ciudad?
Y
como todo esto ha desembocado en la situación vergonzosa de un Parlamento más
atento a reprobaciones y a comisiones de investigación que no conducen a nada
en lugar de atender las necesidades reales de los ciudadanos, ahora unos salen
con la petición a los tribunales de retirar el derecho a voto de una parte de
esos ciudadanos por miedo a que su voto los perjudique. Y otros salen poniendo
en duda la limpieza del voto por correo ―«hay que desconfiar del voto por
correo porque los directivos de Correos no son de fiar»―. Si el caso no fuera
tan grave, diríamos que es chusco que esto lo diga una persona, Alberto
Núñez Feijóo, que fue presidente de Correos durante un periodo en que presidía
el Gobierno José María Aznar, del PP. ¿Debemos pensar que Feijóo
dice esto porque sabe de lo que habla, es decir, porque durante el periodo en
que Correos estaba bajo su dirección, ya esos directivos, incluido él, no eran
de fiar?
Explica
el Centro Virtual Cervantes en su apartado dedicado a los refranes que
el que reza Piensa el ladrón que todos son de su condición denota
la facilidad con que tendemos a pensar que otros son o actúan como nosotros cuando
se trata de malas acciones. Y como Zalabardo me pregunta si no es arriesgado
utilizar aquí la palabra ladrón, le respondo que podríamos
cambiar dicho refrán por otro de origen latino ―como el utilizado al principio―
que dice: Malus est qui praesumitur sibi malos esse alios, ‘Malo
es quien presume de que los malos son los otros’.
O
sea, que de cara a las próximas elecciones nos enfrentamos al dilema de tener que
adivinar quién es menos malo. En El burlador de Sevilla, de Tirso
de Molina, don Juan respondía a quienes le hacían
advertencias sobre su conducta: «¡Qué largo me lo fiáis!»,
expresión que denota la incredulidad de quien, viendo que el riesgo está
lejano, promete algo que posiblemente no cumplirá. Así que, le digo a
Zalabardo, ¡oído al parche!, expresión que solicita máxima
atención cuando oigamos el redoble de tambor que precede al anuncio de las promesas
electorales.



























