MÁS JUSTICIA SOCIAL Y MENOS LENGUAJE INCLUSIVO

           La ministra Carmen Calvo solicitó a la RAE un informe sobre la reforma de la lengua de la Constitución para hacerla más inclusiva. Pedía una “adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo, correcto, verdadero y acorde a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres”. ¿Cuáles de esos adjetivos no cumple nuestra lengua?

            Le digo a Zalabardo que, con el firme convencimiento de que nuestra sociedad debe caminar hacia una equiparación efectiva en derechos y deberes de todas las personas (sin reparar en su sexo), la visibilidad de las mujeres no se logra retorciendo la lengua, sino adoptando medidas sociales justas que mejoren la situación de las mujeres.

            Juan de Valdés, en el siglo XVI, en su Diálogo de la lengua, se ríe de quienes  le piden, atendiendo a su prestigio, información sobre la lengua castellana; toma como broma la solicitud. Le preguntan por qué le parece mal hablar de la lengua que le es natural y sí lo hace, en cambio, de la lengua latina. Les responde que la latina la ha aprendido por arte y libros, y la castellana por uso, de manera que de la latina podría dar cuenta “por el arte y por los libros en que la aprendí, y de la castellana no, sino por el uso común de hablar”.

            Nuestros políticos deberían aprender eso. La lengua es un tesoro que pertenece al pueblo que la habla y solo el uso que ese pueblo hace a través de los tiempos va dejando en ella su huella. Cambia según va cambiando la sociedad, y nunca por capricho de los gobernantes. En esta línea, decía hace poco Santiago Muñoz Machado, presidente de la RAE, que jamás una manera de hablar se podrá imponer por decreto ni por acuerdos entre determinados grupos particulares.

            Si ponemos un poco de atención, llamo la atención de Zalabardo, comprobaremos que el pueblo, la gente normal y corriente, va por otro camino. Cualquier padre o madre hablará de sus hijos, aunque entre ellos haya niñas y niños. Y cualquier niño o niña, hablará de sus padres, sin caer en esa ridiculez de decir mi padre y mi madre.

            Hay dos principios en el estudio de la lengua que no deben olvidarse nunca. Uno es el de la economía, decir mucho con pocos elementos. El otro es el de existencia de elementos marcados (precisamente para hacer posible el anterior). Un elemento marcado es el que posee un rasgo que lo hace significar de modo excluyente; si hablo de las españolas, automáticamente quedan fuera de mi discurso los hombres. El elemento no marcado, por el contrario, tiene un valor inclusivo que no hay en el otro; si hablo de los españoles, todos entendemos que ahí caben los hombres y las mujeres.

            ¿Qué eso, por sí solo, no es suficiente? Por supuesto. Aparte de que la lengua cambia de modo natural, Muñoz Machado dice que la RAE no se cierra al lenguaje inclusivo reclamado siempre que esos cambios sean razonables, no lesionen el idioma, mantengan su belleza y, sobre todo, su economía. Por esa razón, aunque parezcan estar en contra de alguna norma, aceptamos presidenta, jueza, edila, concejala, arquitecta y todos los etcéteras que ustedes quieran. O que se use la duplicación de género cada vez que no hacerlo induzca a duda o error.

           Por muchos frentes se presiona a la RAE para algo que no le compete. Pero creo que esta vez está llevando bien la cosa. Ya en 2012, Ignacio Bosque redactó el informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, que analizaba la serie de entuertos pretendidos por diferentes guías de lenguaje no sexista. Ahora, a petición de la ministra Calvo, se ha nombrado una comisión paritaria (Pedro Álvarez de Miranda, Paz Battaner, Ignacio Bosque e Inés Fernández Ordóñez) para replantear el tema. Creo que el documento no se ha dado a conocer todavía, pero parece que sus conclusiones no se apartan mucho del informe Bosque.

            Interesa escuchar algunas opiniones de los académicos citados. Paz Battaner, por ejemplo, afirma que el género no es lo más importante a la hora de estudiar la lengua. Que los diccionarios y gramáticas deben describir cómo usa la gente las palabras y la lengua, pero nunca ir por delante. Considera que no utilizar el masculino incluyente provoca inconsistencias muy grandes y discursos reiterativos que no mejoran la presencia de las mujeres en la sociedad. 

            Inés Fernández-Ordóñez cree que la Constitución está redactada en un tipo de lenguaje formal y administrativo que no es el habla común de la calle en la que se pueden tener más licencias. El lenguaje de la Constitución tiene sus propios códigos, más rígidos.

        Pedro Álvarez de Miranda, más categórico, mantiene que la lengua no es materia ideologizable (es decir, que no la pueden imponer los políticos) y que, si la Constitución española debe reformarse, no será por la lengua. A propósito de la Constitución, no ya Álvarez de Miranda, sino mucha gente de todos los campos, coincide en que lo que sí es reformable es el Título II, De la Corona, en el que exclusivamente se habla de rey y de príncipe, pero no de reina ni de princesa, aparte de que mantiene el criterio de preferencia del varón sobre la hembra en la línea de sucesión. Eso sí debe ser cambiado cuanto antes.

            Y si atendemos a ideas de personas abiertamente partidarias del cambio pedido por la ministra Calvo, lo cierto es que encontramos bastantes incoherencias. Escojo solo un artículo de una catedrática de Filología de la Universidad de Valencia, Maria Josep Cuenca.

           Reconoce que esos cambios que se piden son mecanismos lingüísticos frecuentes en el discurso político y en el administrativo, pero no en la lengua común. Señala que donde el artículo 39.4 de la Constitución, dice Los niños gozarán de protección… debería decir los niños y las niñas. Pero, de inmediato, añade que en desdoblamientos muy seguidos se dificulta la legibilidad; así, en el artículo 27.7, que dice: Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán… reconoce la complicación que supondría Los profesores y las profesoras, los padres y las madres y, en su caso, los alumnos y las alumnas… y que duplicar solo el artículo (los y las profesores) contravendría los principios gramaticales. ¿Qué solución se le ocurre? La siguiente: Los profesores y profesoras, los progenitores y, en su caso, los alumnos y las alumnas… O sea, que emplea un masculino inclusivo y deja fuera a las progenitoras. Buena manera de dar visibilidad a la mujer.

            También olvida esta experta en Filología el principio de economía lingüística, que todo el mundo considera básico, cuando propone que, siempre que en la Constitución aparezca los españoles, para evitar la fea duplicación se cambie por las personas de nacionalidad española.

            Zalabardo y yo no sabemos si reír o llorar.