Un político, y más si ocupa un cargo en el Gobierno de su país, debiera preocuparse no solo de tener razón en sus planteamientos, sino de manejar bien los recursos para convencer a los ciudadanos. Y en estos últimos días hemos tenido dos casos en los que dos ministros, Alberto Garzón e Irene Montero, se han visto envueltos en polémicas que bien podrían haberse evitado.
Zalabardo
sabe que, del actual Gobierno de España, no me gustan los bandazos que, desde
el presidente hasta el último de los ministros, dan un día sí y otro casi
también. Tampoco que, las discusiones que tendrían sentido en el seno del
consejo de ministros tengan lugar en los medios de comunicación, pues causa
triste impresión ver a unos ministros desautorizando a otros. El ciudadano se
desconcierta con estas trifulcas, más frecuentes de lo deseable. Y, claro, la
oposición se frota las manos y no hace nada para que el panorama sea más
“civilizado”.
Conoce también Zalabardo mi opinión acerca de estos constantes rifirrafes. Que son consecuencia de que tenemos una clase política con pobre formación en cuestiones de estado, en bastantes casos, y que a esta pobreza se unen los fallos en el uso de nuestro principal instrumento de comunicación, el lenguaje.
Garzón y Montero son ministros por los que no siento demasiada simpatía, como tampoco me gustaba el talante de Carmen Calvo. Sin embargo, en nuestra charla quiero dejarle muy claro a Zalabardo que eso no impide que, en esta ocasión, piense que tanto Montero como Garzón tienen razón en lo que sostienen y que los ataques que reciben no están justificados. Por tanto, les concedo todo mi apoyo.
¿Dónde
está, entonces, el fallo?, me pregunta Zalabardo. En mi modesto entender, digo
a mi amigo que el error de estos dos ministros, como los de otros en
situaciones diferentes, hay que buscarlo en la oportunidad elegida para hablar
y en el modo en que lo hacen. Para indicar que alguien un arte especial para
meter la pata surgió en nuestra lengua la expresión Cada vez que habla
sube el pan.
El político que quiera ganarse la confianza de los ciudadanos debe buscar, antes de nada, tener razón en lo que plantea; y, luego, ha de saber explicarlo con las palabras oportunas y en el momento idóneo. Y, si hablamos de un Gobierno, habrá que pedir que haya mayor coordinación en las declaraciones.
En el caso de Garzón, el problema, creo, radica en no haber conseguido que los ciudadanos sepan bien que criticaba la ganadería intensiva o industrial y no la ganadería extensiva pues son muy diferentes. Es, pues, cuestión de lenguaje. Hablar de macrogranjas es aludir al tamaño de una explotación, no a su funcionamiento. Jane Goodall, admirable antropóloga, mujer que dedicó parte importante de su vida al estudio de los gorilas, afirma que el problema de una macrogranja no se soluciona cerrándola, sino mejorándola.
En estas
estamos. La ganadería intensiva o industrial que critica el
ministro Garzón es un sistema de explotación que mantiene estabulada en
un espacio pequeño a una gran cantidad de animales, sometidos a unas
condiciones creadas de forma artificial y cuyo objetivo no es otro que el
engorde rápido, de cerdos, por ejemplo, o la mayor puesta de huevos, en el caso
de las gallinas. Nadie niega, salvo quienes superponen el negocio fácil a la
calidad, que estas explotaciones dañan al medio ambiente, generan
más residuos nocivos para la salud y consumen mayor cantidad de recursos
energéticos, sin olvidar lo que suponen de maltrato animal. De hecho, son
muchos los municipios españoles, casi todos de la España vaciada, que se oponen
a que en sus términos se levanten estas macrogranjas: Dehesas de
Guadix y Cuevas del Campo, en Granada, Guadamur, en Toledo, Brihuega y
Querencia, en Guadalajara, Villanueva de San Juan, en Cuenca… Todos ellos
piensan que el beneficio económico de estas macrogranjas no
compensa los daños ecológicos y de salud que les acarrearían.
Por su parte, la ganadería extensiva es un modo de explotación más ecológico y sostenible. El ganado pasa parte de su existencia en libertad. Su alimento no es pienso barato y de baja calidad, sino que se aprovechan los pastos, los prados, las hierbas, los rastrojos. El producto obtenido por las explotaciones extensivas es de mejor calidad que el de las intensivas o industriales. El ministro Garzón, por tanto, tiene razón. Y, sin embargo, aquellos a quienes defiende, lo critican. ¿No habrá un fallo de comunicación?
La ministra Montero, esta semana, ha chocado con el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Ante la petición de la ministra de una justicia que atienda más al feminismo, este hombre ha cometido el desliz grave al equiparar machismo y feminismo. Es un error que cometen incluso algunas feministas. Que en la justicia sigue percibiéndose cierto tufo machista es una realidad innegable. ¿Qué pasa entonces? Pues que no entendemos qué diferencia al machismo del feminismo. El machismo es una corriente de pensamiento que considera que el hombre es, por naturaleza, superior a la mujer. Lo contrario, en todo caso, sería lo que algunos han llamado hembrismo, pero nunca el feminismo, que es una corriente de pensamiento que defiende la igualdad entre las personas de uno y otro sexo. Hay, pues, bastantes diferencias.
La ministra Irene Montero, que en esta exigencia tiene razón, pierde puntos cuando se empecina en defender un concepto errado de lo que sea lenguaje inclusivo. Creo que se equivoca al afirmar, en contra de la estructura de nuestra lengua que el masculino neutro (elemento no marcado del lenguaje) cumple una “función política” con cuyo uso se quiere indicar que “las mujeres no valen”. Exigir más conciencia feminista a nuestro sistema jurídico es lo menos que se puede esperar de una Ministra de Igualdad. Pero querer conseguirlo diciendo todos, todas, todes y cosas así no es el mejor argumento. Hay que convencer a los ciudadanos de que las reivindicaciones feministas están cargadas de razón y tiene que producirse un cambio de mentalidad. Los cambios que afecten al lenguaje vendrán de forma natural cuando lo anterior sea una realidad.
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