DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA

 

Comentaba con Zalabardo el origen extraño de la palabra escuela, en cuya forma vienen a coincidir la mayor parte de lenguas del mundo (scuola en italiano; école, en francés; škola en bosnio; skole, en danés, shkollë, en albanés, iskola, en húngaro, scholl, en inglés…; incluso el euskera, lengua tan alejada del sánscrito, tiene la forma eskola). Lo que de verdad extraña no es el origen, sino cómo ha llegado a significar ‘establecimiento en el que se reciben ciertos tipos de enseñanzas e instrucción’, tan aparentemente alejado de lo que σχολὴ significaba en griego: ‘ocio, tiempo libre’.  Los romanos adoptaron el término como schola pese a disponer del término otium.

            Quizá, le digo a Zalabardo, necesitaríamos fijarnos en qué era para los griegos el ocio, la σχολὴ. Y tendríamos que echar mano de Aristóteles para entenderlo. En su Política, este filósofo dice entre otras cosas: «La vida tomada en su conjunto se divide en trabajo y ocio […] Un hombre debe ser capaz de trabajar y de guerrear, pero más aún, de vivir en paz y tener ocio y llevar a cabo acciones necesarias y útiles, pero todavía más las nobles […] Llamamos embrutecedoras a todas las artes que disponen a deformar el cuerpo, y también a los trabajos asalariados, porque privan de ocio a la mente y la hacen vil». Tal vez por eso, los romanos entendieron este ocio, la schola, como ‘descanso consagrado al estudio’ y también ‘ocupación literaria’.

 

           Considerando la idea aristotélica de que el cultivo del ocio se mueve en la esfera de lo que es más libre en los individuos, se entiende que los Estados deban atender la enseñanza por encima de otras muchas necesidades. Entonces irrumpe en nuestra charla el desencanto ―mío, por mi experiencia como docente― por la poca atención, cuando no desprecio, que muestran no pocos políticos hacia la educación, al tratarla no como pilar del progreso de una sociedad, sino como instrumento político y partidista.

Podríamos remontarnos a muchos años atrás, pero, imitando a Manrique, «dexemos a los romanos, aunque oímos e leímos sus historias […], vengamos a lo de ayer, que también es olvidado». Quienes ya tienen mi edad, y la de Zalabardo, saben muy bien que, durante el franquismo, se nos sometió a una educación que se entendía como herramienta de adoctrinamiento político y religioso. El objetivo era inculcar a los escolares una formación de ideología católica y un reforzamiento de lo que se llamaba «espíritu nacional». Eso explica que se dejase su control en manos de la Iglesia Católica.

 Tras la muerte de Franco, la Constitución de 1978, en su artículo 27, reconocía el derecho a una educación básica y gratuita además de, para cualquier persona física o jurídica, la libertad de crear centros docentes. Era una forma de conceder carta blanca a lo que los centros privados, en su mayoría religiosos, habían venido haciendo.

Establecido el derecho a la enseñanza básica gratuita y el deber del Estado a proporcionarla, el problema surgía por la insuficiencia de centros donde acoger a todos los escolares, lo que pretendió corregirse con el plan de conciertos educativos de 1985. Se daba a los centros privados la opción de acogerse a ellos, con lo que el Estado subvencionaba centros que nunca dejaron de ser negocios privados y, en su mayoría, regidos por órdenes religiosas que siguen imponiendo un ideario, pese a que la Constitución diga que somos un estado laico. El interés por que nadie quedase fuera del proceso educativo podía justificar los conciertos. Lo malo viene cuando no se hace nada, o se hace poco, por aumentar los presupuestos destinados a mejorar los centros públicos, y los diferentes gobiernos siguen destinando partidas a mantener la enseñanza privada.

Como los partidos políticos se niegan a encarar un pacto nacional que deje la educación fuera de las peleas políticas, la población acaba también confundida. Una de estas confusiones, y grave, es la que Luis García Montero llama en su Manual de instrucciones para seguir viviendo «confusión entre deseo y derecho». La ley dice que las familias tienen derecho a elección de centro y a que sus hijos reciban la educación que deseen. Nada hay que objetar a ese enunciado, pero el derecho puede convertirse en solo deseo si se exige un centro y un tipo de educación concretos que vulneran el derecho general a la educación que defiende el Estado. Nadie puede prohibir que una familia quiera un centro más elitista y de una determinada confesión para sus hijos. Lo que ya no se sostiene es que se exija que ese deseo sea sufragado por el Estado. El derecho se reclama; el deseo habrá que pagarlo.

La otra confusión muy extendida, y más grave, es la que afecta a muchos gobernantes que no dudan en favorecer la privatización de la enseñanza; Es difícil encontrar un centro privado que resulte gratuito. Como no todos pueden acceder a ellos, subvencionarlos no solo supone favorecer a las clases más pudientes, sino perjudicar a las clases menos favorecidas. Aquí me voy a ahorrar cualquier comentario y me limito a mostrar a Zalabardo unas palabras de Antonio Muñoz Molina. El periodo de confinamiento por causa de la covid 19 le permitió recoger en Volver a dónde una serie de reflexiones. Entre ellas las contenidas en estas líneas: «La educación se ha ido privatizando y deteriorando durante décadas […] A quienes más perjudica la entronización de la ignorancia es a quienes más necesitan de los servicios públicos y de la enseñanza pública para vivir con un poco de dignidad […] Los hijos de los ricos ya cuentan con el seguro de sus privilegios. El dinero les dará acceso a las mejores escuelas posibles (que para más vergüenza están subvencionadas con fondos públicos) […] Los hijos de los ricos pueden permitirse la haraganería, el capricho, la falta de hábitos de estudio, la inconstancia, el desarreglo de la vida. Para los hijos de la inmensa mayoría la escuela pública es su mejor esperanza, casi la única, de progreso social, de desarrollo pleno de la inteligencia y el espíritu».

Por eso, entre otras muchas razones, siempre defenderé la escuela pública.