¡MUERA EL PERIODISMO!

En la frontera entre el jueves y el viernes ―momento en que el silencio nocturno me ayuda a escribir los apuntes de esta Agenda―, procedía a consultar la Nueva gramática de la lengua española porque era mi intención hablar de la evolución de las formas de tratamiento en nuestra lengua

            Pero se me acerca Zalabardo y me pregunta extrañado si me parece lógico escribir sobre tú y usted en lugar de sobre el acontecimiento del día. Le respondo que sé perfectamente que es 20 de noviembre, pero que me parece excesivo seguir hablando de la muerte de Franco si hace ya cincuenta años que murió. Pienso que llega un momento en que a un muerto, por muy dictador que se haya sido, hay que dejarlo tranquilo, lo que no significa que tengamos que olvidar lo que hizo.

            Mi amigo me aclara que no se refiere a eso, sino a si no me he enterado de que el Tribunal Supremo ha sacado a la luz el fallo condenatorio sobre el Fiscal General del Estado, aunque la sentencia al completo, por lo que parece, aún no se ha redactado. Le contesto que sí me he enterado. Me levanto y busco una carpeta de la que saco un trozo de papel. Es un recorte que conservo de una hoja del diario El País correspondiente al 15 de abril de 2010. Grupos ultraderechistas y el mismo Partido Popular practicaban aquellos días una cacería feroz contra el juez Baltasar Garzón por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y sobre la trama Gürtel. El final fue que Garzón sería expulsado de la judicatura. El papel que enseño a Zalabardo recoge un comentario que envié a El País y me fue publicado: Habrá que seguir confiando en la justicia, aunque será difícil confiar en los jueces.

            «Vale ―me dice mi amigo tras leerlo― pero esto de hoy…» «Esto de hoy ―le confieso con ánimo abatido― me parece muestra de que nuestra democracia tiene aún muchos enemigos, algunos de los cuales se parapetan tras su toga de jueces.» Zalabardo me pregunta si creo que es suficiente quedarse en eso. Entonces, recordando el tema sobre el que pensaba escribir y ha quedado interrumpido, le señalo lo que don Quijote gritó al comisario de la cuadrilla que trasladaba a un grupo de galeotes: ¡Vos sois el gato y el rato y el bellaco!, frase en la que, ahora, no me interesa el valor del pronombre vos, sino el de los adjetivos gato, ‘ladrón’, rato, ‘cobarde’ y bellaco, ‘ruin’, que podrían aplicarse a algunos protagonistas de este caso.

           Zalabardo insiste en le amplíe mi opinión acerca de este asunto y, como no tengo ningún inconveniente en hacerlo, le aclaro que, al no ser yo ni abogado ni juez, no puedo decantarme sobre la inocencia o culpabilidad de García Ortiz sin conocer todos los detalles del proceso ni la totalidad de la sentencia. Pero que, aun así, tengo tremendas dudas por las muchas anomalías e irregularidades que, desde su inicio, se han ido sucediendo.

            Llama la atención que sea precisamente un confeso defraudador quien denuncie al Fiscal General apoyándose en una mentira urdida y divulgada por un seudoperiodista, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, novia del defraudador. Que, tras esta denuncia, se inicie una instrucción sumamente sospechosa en la que el juez instructor rechaza arbitrariamente interrogar a periodistas que podían aportar datos valiosos «porque supone lo que le van a decir». Y que acabe con un kafkiano juicio tras el que emite el fallo antes de que sea redactada la sentencia. ¿Desconocen los integrantes del tribunal o una parte importante de ellos ―pues no se ha alcanzado unanimidad― lo que ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 248.4: Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo?

            Aquí, el Tribunal Supremo ha condenado antes de proceder a redactar su encabezamiento, antes de exponer los hechos por los que se juzga, antes de enumerar los hechos probados ―si los hay―, antes de argumentar los fundamentos de derecho que justificarán el fallo. O sea, que no se sabe por qué se condena al Fiscal General, a lo que se añade la incoherencia de que el mismo Tribunal Supremo que lo condena por revelación de secreto consideró antes de comenzar el juicio que tal secreto no lo era. O sea, que nos queda la impresión de que se condena a alguien porque ―desde el inicio― estaba previsto que había que condenarlo, aunque no existiera ninguna prueba de cargo.

            Todo esto hace que cualquier persona normal que no entienda los trapicheos de la política y de los tribunales se pregunte qué pasará ahora con Miguel Ángel Rodríguez, seudoperiodista lacayo de las más altas instancias de una Comunidad, que durante el juicio ha reconocido con chulería que todo aquello que constituye la raíz de este proceso fue uno más de los bulos que suele levantar y que no tiene la menor prueba de que sea verdad lo que hizo publicar. ¿Será juzgado por los daños morales causados?

            Del mismo modo, todos nos preguntaremos qué pasará con los periodistas honestos, estos sí, que en el juicio declararon que conocían todos los detalles del asunto que se juzga y que ninguno de ellos tuvo como fuente al Fiscal, aunque no podían desvelar cuál fuera la fuente de cada uno porque eso sería conculcar el secreto profesional, derecho amparado por la Constitución. Si lo que han dicho no vale como prueba exculpatoria es porque el Tribunal considera que han mentido. ¿Serán juzgados por perjurio?

            Le digo a Zalabardo que este proceso ha asestado una puñalada trapera a los periodistas que han declarado bajo juramento saber de buena tinta que la filtración por la que se condena al acusado procedía de otro lado. Recordando el choque entre Millán Astray y Unamuno en Salamanca, parece que el Tribunal Supremo ha gritado: ¡Muera el periodismo! ¡Viva el bulo! Porque si es innegable que García Ortiz ha salido muy dañado de este caso, no menos dañado ha resultado el periodismo honorable, daño que será difícil de reparar. ¿Y la justicia? Si vemos cómo hay jueces que denigran su profesión sin que nadie le pare los pies, ¿puede una sociedad seguir confiando en la justicia?